El presidente de los Estados Unidos anunciaba esta semana su decisión de suspender a Argentina como beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) por "no actuar de buena fe" en el cumplimiento de dos sentencias del CIADI a favor de dos empresas norteamericanas.
Según la Casa Blanca, el gobierno argentino actuó de mala fe al no dar cumplimiento a dos sentencias dictadas por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, favorables a las empresas Azurix y Blueridge por más de 300 millones de dólares.
Esta decisión, generará una disminución de beneficios de 18 millones de dólares a las empresas exportadoras argentinas. Por su parte el ejecutivo argentino se defiende alegando que ni las empresas ni el gobierno americano aceptaron iniciar la ejecución de las sentencias y quisieron imponer un mecanismo de ejecución contrario al sistema jurídico argentino.